Notas sobre las transformaciones económicas y sociales en Cuba
Por CEM
Los días 17 y 18 de junio se celebró el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, convocado para evaluar un conjunto de propuestas de transformaciones y reformas económicas y sociales. Estas modificaciones son resultado del desarrollo político de un largo proceso, cuyo inicio puede situarse en las conclusiones del VI Congreso del Partido, celebrado en abril de 2011.
Este período de cambios se suceden en un contexto internacional convulso, en el que se ha consolidado el viraje de la política estadounidense hacia el reforzamiento de su control sobre el continente americano, así como una planificación orientada al enfrentamiento con China.
Debemos estudiar cuidadosamente los cambios y las reformas surgidas en Cuba. La construcción del socialismo debe ser comprendida a la luz de su desarrollo histórico y de las leyes que lo rigen. Es necesario asimilar los elementos y las transformaciones centrales de esta nueva etapa, y al mismo tiempo combatir los enfoques propios del oportunismo y de las posiciones burguesas.
Las siguientes líneas apenas deben considerarse un primer acercamiento. Acercamiento del que el estudio conjunto de la organización en breve dará nuevos estudios, nutridos por el análisis del desarrollo concreto del proceso internacional y en particular del proceso revolucionario en Cuba.
Introducción
Las disposiciones de junio se enmarcan en el recrudecimiento de las medidas imperialistas contra el pueblo cubano. La nueva etapa de presión del gobierno de Estados Unidos no es casual: responde a la decisión del pueblo cubano y sus revolucionarios de construir una sociedad socialista. La victoria de la lucha armada contra Batista y el avance del proceso revolucionario, encabezado por Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y el conjunto del pueblo cubano, despertó la ira de los capitalistas norteamericanos, al demostrar que era posible forjar una política revolucionaria capaz de tomar el poder y encaminarse hacia la construcción del socialismo.
Durante siete décadas, el pueblo cubano ha defendido esa decisión, lo que ha implicado soportar la presión y la agresión constantes del capitalismo mundial, así como mantener una disposición combativa en todos los frentes. No solo ha luchado muchas veces con el fusil en la mano, sino que ha creado las condiciones para el desarrollo del pueblo: sistemas educacionales, culturales, deportivos y sanitarios superiores a los de naciones que aún viven bajo el yugo del capital.
Al mismo tiempo, Cuba apoyó las luchas de los pueblos allí donde le fue posible, y escribió algunas de las páginas más heroicas del internacionalismo proletario. Resulta difícil dimensionar los esfuerzos que desplegó para hacer avanzar la rueda de la historia, esos sacrificios los ofreció Cuba con el más alto espíritu de solidaridad, y deben servirnos como enseñanza que muestre el camino de los revolucionarios de este continente.
A lo largo de este recorrido, Cuba contó con el apoyo de la Unión Soviética y los países socialistas, lo que permitió avances en la construcción de la nueva sociedad. En la isla se demostró que la solidaridad entre los pueblos no era una consigna vacía, sino una realidad concreta.
Entre los logros de la Revolución cabe mencionar: la reforma agraria, con la entrega de tierras a los campesinos y la creación de propiedades estatales y cooperativas; la lucha por la eliminación de la discriminación racial; la igualdad jurídica y una encarnizada lucha por la igualdad entre hombres y mujeres; la erradicación del analfabetismo y la instauración de la educación popular;la creación de un sistema sanitario universal, que permitió una drástica reducción de la mortalidad infantil y la elevación de la esperanza de vida; la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la reducción de las diferencias sociales derivadas de esa estructura; la elevación general del nivel de vida de los trabajadores; el envío de misiones internacionalistas de médicos, que han apoyado a decenas de miles de personas en diversos países, incluido México; el apoyo a los pueblos en su lucha por la independencia, contra el colonialismo y por el socialismo en América, Asia y África; y el inquebrantable ejemplo de dignidad de un pueblo que decidió tomar las riendas de su destino.
Después del triunfo contrarrevolucionario en la Unión Soviética, Cuba tomó la decisión de no seguir el camino del capital. El cese de las relaciones con las naciones socialistas, la disolución del Pacto de Asistencia Económica Mutua (CAME) y el recrudecimiento del bloqueo (agravado por las medidas en la década de 1990) sumieron a la sociedad cubana en una etapa conocida como “período especial”. En sus inicios, este fue concebido como una planificación estratégica para enfrentar una posible agresión militar de Estados Unidos contra Cuba. Pero el triunfo de la contrarrevolución en la URSS y la presión capitalista forzaron a la isla a abrir este período para sortear este complejo momento.
Durante los primeros años de la década de 1990, la economía cubana se contrajo entre un tercio y la mitad, tomando como referencia el PIB. Disminuyó drásticamente el abastecimiento de gasolina, diésel y otros combustibles, lo que dañó todo el proceso productivo en la mayor de las Antillas. Los proyectos de construcción de la central nuclear de Juraguá no pudieron terminarse, dada la desaparición de la URSS. El pueblo cubano afrontó este difícil período con un alto espíritu revolucionario. A partir de mediados de los años noventa, esa tendencia decreciente empezó a revertirse lentamente, el golpe fue de tal magnitud que el tamaño de la economía de 1990 sólo se recuperó alrededor de 2007.
Esta situación también paralizó el “proceso de corrección de errores y abordaje de tendencias negativas”, iniciado en 1986. Este proceso, aunque coincidente en el tiempo con los procesos de reformas de la Unión Soviética y China, tuvo una orientación diferente, al apartarse de la descentralización y de los mecanismos de mercado. Entre sus medidas se encontraban: la aceleración de la conversión de granjas privadas en cooperativas; la reducción del marco para los fabricantes privados, con el intento de cubrir esa producción con la estatal; la denuncia de la construcción y venta de viviendas particulares, junto con la revitalización de las microbrigadas de construcción; y la emisión de disposiciones para impedir que las empresas estatales iniciarán una especie de competencia interna, entre otras.
Mientras la contrarrevolución triunfaba, y en el mundo muchos comunistas arriaron las banderas y renegaron de sus principios, Cuba sostuvo la Revolución. Como expresó Fidel en un discurso de aquellos años:
Hoy nos corresponde a nosotros una responsabilidad universal. Somos el único país socialista en medio del occidente, de todo el occidente y de una parte del oriente, el único. Y qué odio nos tienen algunos por la capacidad de nuestro pueblo, de nuestra patria de aceptar ese desafío y de mantener en alto sus banderas y su disposición a defender esas banderas; como hemos dicho otras veces, las más justas y las más humanas que han existido en la historia de la humanidad. Hoy luchamos no solo por nosotros mismos, no solo luchamos por nuestras ideas, sino luchamos por las ideas de todos los pueblos explotados, subyugados, saqueados, hambrientos de este mundo; luego, nuestra responsabilidad es mucho mayor
[…]Ahora tenemos que atenernos a los hechos y, sencillamente, el campo socialista se derrumbó, Estados enteros fueron tragados por otros Estados, la clase obrera perdió el poder y se inició un camino de regreso al capitalismo. Los hechos reales son que en la Unión Soviética se ha producido prácticamente una debacle; los hechos reales son que en la Unión Soviética hoy no se habla de socialismo, se habla de economía de mercado; en dos palabras, las voces prevalecientes son voces en favor del capitalismo y del capitalismo más clásico.
[…]A aquellos que digan que nuestra lucha no tendría perspectiva en la actual situación y frente a la catástrofe ocurrida, hay que responderles de una manera categórica: Lo único que no tendría jamás perspectiva es si se pierde la patria, la Revolución y el socialismo
El desarrollo de la lucha de clases a nivel internacional y el aislamiento, condicionaron el desarrollo económico y político de la Revolución. Durante una década, Cuba se mantuvo en el llamado “período especial”. Esta etapa conllevó importantes cambios y concesiones, tal como se refleja en las decisiones del VI Congreso del Partido, celebrado en 2011. Aunque limitadas, se realizaron reformas que abrieron posibilidades al mercado: entre ellas, la cesión de tierras estatales a privados y la apertura a las empresas privadas.
Surgió así un sector empresarial privado, a través de mecanismos ya existentes como las empresas mixtas, las cooperativas, las pequeñas propiedades agrícolas privadas y los trabajadores por cuenta propia. Se mantuvo la planificación central, pero con consideración al mercado y a la gestión no estatal, lo que se tradujo en una mayor flexibilidad para la gestión empresarial y el establecimiento de precios, autonomía en la gestión de las cooperativas y la posibilidad de negociar sin intermediación estatal.
No obstante a estas modificaciones se les impusieron límites: la prohibición de la concentración de propiedad privada; la prohibición de que las cooperativas fueran vendidas o arrendadas a otras cooperativas o a particulares; el mantenimiento de precios en ciertas áreas; y la limitación de las áreas para la inversión de capital extranjero.
En relación con estos cambios, Raúl Castro expresó en un discurso en 2010:
Nadie debe llamarse a engaño, los Lineamientos señalan el rumbo hacia el futuro socialista, ajustado a las condiciones de Cuba, no al pasado capitalista y neocolonial derrocado por la Revolución. La planificación y no el libre mercado será el rasgo distintivo de la economía y no se permitirá, como se recoge en el tercero de los lineamientos generales, la concentración de la propiedad.
I
Pese a que la situación actual en Cuba es grave, la escasez de productos de consumo, de medicamentos y de energéticos, no es consecuencia de la política de los revolucionarios cubanos, ni el resultado de una “nación fallida”, como afirman Donald Trump o Marco Rubio. Esta situación es principalmente el resultado de la política criminal de bloqueo prolongado impuesta por Estados Unidos, que no solo ha impedido el comercio bilateral, sino que también sanciona a cualquier país que desee comerciar con Cuba. Baste recordar, como muestra de esta política, los movimientos sobre el comercio de petróleo mexicano en los últimos meses, donde México ha sido presionado para abandonar su histórica posición de independencia comercial.
Este bloqueo, según las estimaciones más conservadoras, ha causado daños por miles de millones de dólares a la economía cubana. En los cálculos del gobierno revolucionario los costos del bloqueo del 1 de marzo del 2024 al 28 de febrero del 2025 se puede estimar en pérdidas por 7,556.1 millones de dólares. Situación agravada aún mas por las Órdenes Ejecutivas del 29 de enero (14380) que autorizó imponer aranceles y sanciones a empresas, individuos o países de cualquier parte del mundo que vendieran, transportarán o suministraran petróleo y combustible a Cuba, y el 1ro. de mayo (14404) que sancionó e internacionalizó penalizaciones contra entidades, instituciones financieras y ministerios (incluyendo el Ministerio de Turismo y conglomerados empresariales) vinculados al Estado cubano.
La situación es compleja. El imperialismo estadounidense, desplazado por las nuevas potencias capitalistas que le plantan cara en los mercados mundiales, actúa de manera agresiva allí donde le es posible. En el caso de América, se ha definido una nueva “Doctrina Monroe” que propone el control del continente como su patio trasero. Esto ha derivado en una política agresiva contra toda manifestación de independencia. Este viraje se ha orquestado utilizando todas las herramientas a su alcance: desde el apoyo económico y político a las posiciones afines, pasando por medidas de presión, hasta la intervención militar directa, como en el caso venezolano. En el caso cubano se han desplegado todas estas herramientas, y no es un secreto para nadie que estos planes incluyen la posibilidad de una incursión militar.
Si bien esta política tiene una larga trayectoria, es a partir de enero de este año cuando Estados Unidos, envalentonado por sus acciones en Venezuela, intensificó el bloqueo a Cuba y lo ha llevado a un bloqueo energético aún más severo. Sin embargo, ni siquiera esto bastó para asfixiar al heroico pueblo cubano, que demostró una enorme voluntad, a pesar de haber tenido que soportar durante meses cortes intermitentes de electricidad en todas las ciudades y localidades, en medidas que el gobierno revolucionario ha calificado de “brutales y criminales” contra el pueblo cubano.
A través de la prensa y de las declaraciones del gobierno revolucionario se ha podido conocer el nivel de presión al que se ha sometido al pueblo cubano en los embates de estos últimos meses. Aquí no interesa repetir todo lo que se ha dicho y que puede consultarse fácilmente, basta con recuperar un par de cifras que muestran las dificultades a las que se enfrenta la población.
La escasez de material médico y de energía en los hospitales ha generado una lista de espera quirúrgica de más de 100,000 pacientes, incluidos 12,000 niños, además del incremento de las tasas de mortalidad infantil, que han aumentado de 4 a 9 por cada mil nacidos vivos. Como apunte al margen, incluso con la grave crisis, esta cifra es menor que el registro mexicano, que fluctúa entre 12 y 13 por cada mil. Las presiones han dado como resultado que empresas extranjeras, en particular del sector turístico (Meliá Hotels International, la canadiense Blue Diamond Resorts, la asiática Archipelago International, Iberostar y la turca ATG, entre otras) hayan decidido abandonar sus actividades por las presiones estadounidenses, que entre otras medidas impiden las transacciones con plataformas como Visa y Mastercard. Además de la salida de empresas aéreas como Iberia, World2Fly, Air Canada, Air Transat y WestJet, también se ha producido la suspensión de líneas rusas. La naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron, desde mediados de mayo, las entregas y los nuevos envíos de contenedores hacia Cuba. Y en el sector minero la canadiense Sherritt se retiró de Cuba a inicios de mayo.
Todo ello se enmarca en la política de amenaza y cerco directo sobre Cuba, así como en los señalamientos sobre la posibilidad de una agresión militar, ante lo cual Díaz-Canel ha respondido: “No queremos una guerra, pero no le tememos tampoco a la agresión”.
En sus declaraciones se observa la atención y la evaluación sobre las posibilidades de desarrollo de la política norteamericana:
Yo creo que Estados Unidos, en esta política de máxima presión, está apostando a tres escenarios: un escenario es con la asfixia económica, provocar el estallido social, y que ese estallido social le dé posibilidad, entonces con un pretexto de ayuda humanitaria, de intervenir en el país.
[…] Un segundo escenario es seguir un diálogo con Cuba coercitivo, de máxima presión, para apoderarse de la economía cubana, para ocupar el país económicamente y que eso después les diera la posibilidad de provocar un cambio del sistema político, que es la gran aspiración de Estados Unidos.
Y un tercer escenario es el de la agresión militar. Pero esos escenarios no los hemos construido nosotros, esos son los escenarios que ellos están planteando, esos son los escenarios que están en su retórica, esos son los escenarios que están constantemente en lo que dice el Secretario de Estado norteamericano o lo que dice el Presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho a defendernos, a prepararnos para defendernos, para que no haya sorpresa y para que no haya derrota.
Desde enero, en distintos momentos, se impusieron nuevas restricciones contra Cuba, lo que ha provocado una escasez inhumana de combustible, electricidad, agua, alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad, mientras los preparativos militares y las amenazas contra el pueblo cubano y sus dirigentes siguen en el punto de mira. Al mismo tiempo, se impusieron sanciones provocadoras contra el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y las amenazas contra Raúl Castro. La lista de nuevas sanciones estadounidenses también incluye al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, al Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, a la empresa de viajes “Amistur Cuba”, a los Comités de Defensa de la Revolución y a la empresa “Minera La Victoria”. Todas estas sanciones se han acompañado de declaraciones de los principales líderes estadounidenses, que aumentaban el nivel de confrontación. El 4 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó:
“Durante décadas, Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo de izquierda radical. El régimen de La Habana ha reclutado, entrenado y apoyado a movimientos marxistas y tercermundistas violentos en todo nuestro hemisferio y más allá. Hoy, nuestro objetivo es desmantelar la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba. […] La Administración Trump ya no tolerará a los regímenes marxistas radicales de nuestro hemisferio que buscan amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos y participar en operaciones de influencia para exportar su ‘revolución’ venenosa y malvada a nuestro país y al resto del mundo.”
Marco Rubio revivió la retórica anticomunista para atacar al pueblo cubano, en el marco de la política de confrontación contra los nuevos actores del capitalismo mundial y de reafirmación del control sobre América Latina. Estas declaraciones están encaminadas a crear el escenario para una presión e intervención.
Las declaraciones de Donald Trump han tenido el mismo sentido. En marzo declaró: “Toda mi vida he estado oyendo hablar de Cuba y Estados Unidos. ¿Cuándo iba Estados Unidos a hacerlo? Creo que tendré… el honor de tomar Cuba”. Y a mediados de junio, ante la pregunta de si realizaría operaciones similares a las de Venezuela, contestó: “Posiblemente, es posible”, y añadió: “Estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo… Venezuela está relativamente cerca y Cuba es como un juego de niños”.
II
En este escenario el 17 y 18 de junio se celebró el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
En los documentos aprobados se encuentran las 176 “Transformaciones Económicas y Sociales en Cuba”. Al presentarlas Díaz-canel declaró:
“Lo que nos proponemos poner en marcha es una agenda económica y social de emergencia, con medidas que forman parte de nuestro Programa de Gobierno y de políticas aprobadas por el Partido, junto a decisiones que no pueden seguir esperando”
El primer ministro del país y miembro de la Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Manuel Marrero, en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 21 de junio sostuvo:
Sin renunciar jamás al socialismo, estas transformaciones han sido diseñadas partiendo del principio rector de hacer lo necesario para conservar lo esencial.
La ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, y de la inversión extranjera, o la admisión de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación de recursos, no constituyen, bajo esta lógica planteada, una claudicación, sino el ejercicio soberano de adecuar los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas que vive el país.
El presidente Díaz-Canel, en una entrevista posterior, rechazó que estas medidas sean una respuesta a las presiones de Estados Unidos: “Siempre el enemigo […] busca sus mecanismos para presentarlo como una victoria de ellos. Pero realmente es un ejercicio de soberanía, que partió también de una consulta popular, es un ejercicio ampliamente democrático de participación popular.”
Y al concluir el pleno Díaz-Canel señalaba como uno de los principales problemas “si no hay riqueza no hay nada que distribuir, estaríamos hablando de una justicia social en abstracto. […] O producimos en estas condiciones, creamos riquezas y entonces distribuimos con justicia social, con equidad, no con igualitarismo. ¡Ese es el desafío!”
Las medidas aprobadas dan continuidad a las directrices adoptadas tras el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011, y entre sus rasgos más distintivos destaca el fomento de la inversión de capital privado extranjero en todos los sectores de la economía, así como la adopción de mecanismos de mercado como medio de asignación de recursos.
Revisemos en general el contenido de las Transformaciones Económicas y Sociales. Los elementos centrales de las nuevas medidas son la incorporación de las reglas del mercado, la descentralización y la apertura al capital privado y extranjero. De manera concreta, se autoriza a empresas estatales, privadas y cooperativas a realizar directamente actividades de comercio exterior, suprimiendo el monopolio estatal sobre esta actividad, al tiempo que se permite la contratación de más de cien trabajadores, la titularidad de múltiples empresas, la participación accionaria en varias de ellas y el acceso al mercado cambiario de divisas. Los sectores de apertura se amplían a la importación y comercialización de combustibles, el desarrollo inmobiliario y turístico mediante arrendamientos, usufructos onerosos y venta de inmuebles caso a caso, cadenas de restaurantes y franquicias, centros de datos y seguros, mientras que en el sector agropecuario se otorga usufructo por tiempo indeterminado y se autoriza el comercio exterior directo a cooperativas. Se fomenta la participación del capital privado en la actividad bancaria mediante licencias de banca corporativa y universal que operarán bajo supervisión del Banco Central en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal.
El Estado va abandonando progresivamente la distribución física de recursos, redimensionando su estructura administrativa, descentralizando competencias hacia los municipios y eliminando gradualmente subsidios a productos para crear un Fondo de Protección Social, aunque mantiene la rectoría de los servicios básicos y conserva la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y la presencia mayoritaria en sectores estratégicos. La Empresa Estatal Socialista se transforma en sociedades mercantiles por acciones o participaciones, con autonomía para fijar precios según costos y mercado y escalas salariales negociadas con los sindicatos en función de su capacidad financiera, eliminándose los subsidios presupuestarios y estableciéndose procedimientos de quiebra o reestructuración por pérdidas, junto con flexibilidad organizativa para crear filiales, fusionarse o definir plantillas sin permiso del Ministerio de Economía, y la posibilidad de cesar trabajadores por causas económicas, tecnológicas o estructurales con el previo acuerdo con el sindicato.
Estas disposiciones afectan a todos los sectores de la economía y, aunque se presentan como medidas para fortalecer el socialismo, objetivamente van en dirección opuesta al debilitar la propiedad social de los medios de producción y la planificación centralizada, creando enormes peligros para el pueblo y sus conquistas.
Ahora revisemos detenidamente algunos aspectos de estas transformaciones.
El nuevo papel de los empresarios se caracteriza por una amplia libertad de mercado y comercio exterior: se autoriza a las empresas estatales, privadas y cooperativas a realizar directamente actividades de comercio exterior, previa autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera [129], lo que supone la apertura del monopolio estatal sobre esta actividad. Se permite el acceso al mercado cambiario de divisas [100] y la apertura de cuentas en divisas, tanto en Cuba como en el exterior, por parte de personas jurídicas, sin autorización administrativa previa [86].
En cuanto a la expansión y la propiedad, se autoriza la contratación de más de 100 trabajadores, a partir de cuya cifra se clasificarán como empresas privadas [20]; se permite que una persona sea titular de más de una empresa privada [21] y cuente con participación accionaria en más de una [23]; y se amplían las formas societarias bajo las que pueden organizarse, incluyendo sociedades anónimas por acciones [22].
En materia de integración con el sector estatal. Se contempla la compra de acciones de empresas estatales por personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como por personas naturales [33], y se fomenta la participación del capital privado en la actividad bancaria, mediante la ampliación de instituciones financieras bancarias y no bancarias por parte de empresas privadas, cooperativas e inversión extranjera con licencia de banca corporativa y universal, que operarán bajo supervisión del Banco Central de Cuba en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal [84].
Los sectores de apertura se amplían considerablemente. Se permite la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista [52], así como la entrada en rubros antes restringidos como el desarrollo inmobiliario, el turismo, mediante arrendamientos, otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso, concesión de áreas con activos o en desarrollo, y la venta de inmuebles, aprobada caso a caso, tanto para inversionistas extranjeros, cubanos residentes en el exterior como en el territorio nacional [133], la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y red de gastronomía ligera de marcas reconocidas [152], franquicias extranjeras [153], la gestión de centros de datos [168] y el mercado de seguros [161].
El sector agropecuario es tratado como un asunto de seguridad nacional, bajo el principio de que “no hay soberanía con el plato vacío”. Como parte de esta concepción, Díaz-Canel en su discurso en el pleno expresó: “cada pedazo de tierra que hoy está cubierto de marabú, cuando debería estar produciendo alimentos, tendrá que tener una respuesta clara: o se pone a producir o se entrega a quien esté dispuesto a hacerlo”. En el sector agropecuario se establece el otorgamiento del derecho real de usufructo sobre la tierra a las personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales que lo soliciten, por tiempo indeterminado y la cantidad de áreas según proyecto presentado, para todas las producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras, así como para proyectos de desarrollo de eco y agroturismo [58.b]; se autoriza a las cooperativas a realizar comercio exterior de forma directa para las exportaciones de sus productos y las importaciones de insumos y tecnologías agropecuarias [59.b]. Se eliminan los requisitos de trabajo directo y estable en la tierra por parte de los usufructuarios [58.e].
En su discurso el Primer Ministro expresaba al respecto: “Eliminar los requisitos de trabajo directo y estable en la tierra por parte de los usufructuarios. Hoy una persona que pida tierra porque tiene recursos y quiere contratar gente que la produzca, si él tiene otro negocio y no puede dedicarse a la tierra, aunque pueda financiar e importar los insumos, no lo puede hacer […] Con esto estamos eliminando esta prohibición”
También se establece un componente de responsabilidad social, por el cual se prevé que todos los actores económicos (estatales y privados nacionales y extranjeros) participen, como parte de su responsabilidad social a nivel comunitario, en el apoyo a comedores, hogares de ancianos, centros educacionales y de salud, entre otras actividades, a cambio de beneficios fiscales [64].
Por su parte, el Estado cubano transita de ser el “administrador central” de la economía a desempeñarse como regulador, planificador macroeconómico y garante de la justicia social, en el discurso de clausura del Pleno Diaz-Canel declaró: “Acerca del Sistema de Dirección de la Economía, quiero destacar que lo más importante es que la planificación central, si adoptamos estas transformaciones, no tendría la función de administrar la economía, sino de crear un ambiente institucional y normativo adecuado para que las empresas y los trabajadores estén estimulados en producir bienes y prestar servicios de calidad y con eficiencia, así como introducir en su gestión innovaciones con estos fines.” . En una entrevista posterior al pleno el dirigente lo definió de la siguiente manera: “Un primer eje es cambiar o perfeccionar, actualizar el Sistema de Dirección de la Economía, donde haya una adecuada relación entre centralización y descentralización, y donde haya una adecuada relación entre lo que planificamos y lo que se va a mover con señales de mercado”
En la propuesta las funciones del estado incluyen el perfeccionamiento de la planificación de mediano y largo plazos, enfocada en el diseño del desarrollo y en los equilibrios macroeconómicos [37], así como el tránsito hacia un modelo de planificación financiera, donde el Estado abandona progresivamente la distribución de recursos y da mayor participación a las señales del mercado [38]. El Estado redimensiona su estructura administrativa central y sus entidades subordinadas [41], así como las estructuras y plantillas de las administraciones provinciales y municipales [42], y descentraliza competencias hacia los municipios, planificación estratégica, ordenamiento territorial, soberanía alimentaria, fomento del desarrollo económico local, gestión presupuestaria y financiera, entre otras [43], a los que se faculta para aprobar inversiones en correspondencia con su estrategia de desarrollo [44].
En materia social, el Estado transita del subsidio a los productos al subsidio a las personas. Se prevé la eliminación gradual de los subsidios a productos para crear un Fondo de Protección Social que entregue apoyos directos a los vulnerables [70, 71] bajo esta argumentación se sigue que “la canasta básica será garantizada a jubilados, a familias con niños enfermos crónicos, a vulnerables”.
El Estado se mantiene como garante de los servicios básicos (salud, educación, cultura y deporte), conservando la rectoría y el financiamiento de estos, asegurando su gratuidad y universalidad, aunque se permite la venta de propiedades estatales a personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, incluyendo a cubanos residentes en el exterior, siempre que se demuestre el origen lícito de los fondos [34], en su discurso Díaz-Canel lo expresa así: “al cubano residente en el exterior que quiera invertir, donar, importar tecnología, abrir un mercado, levantar un proyecto en su tierra, vamos a ofrecerle un marco claro, estable y respetuoso, sin que lo miren con sospecha por querer ayudar a los suyos o contribuir al desarrollo de la tierra que los vio nacer”. En relación al problema jurídico en una entrevista posterior al pleno Díaz-Canel declara: “Ese es uno de los elementos que hemos tomado en cuenta, que tiene que haber reglas claras y tiene que haber una seguridad jurídica. Hay que construirlo todo con una seguridad jurídica que garantice que no es un problema temporal, sino que todo el que lo haga bien, todo lo que funcione bien va a tener en el tiempo también una perdurabilidad y una sostenibilidad”
Se ratifica la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, avanzando en la gestión no estatal sobre estos medios [32], conservando la presencia mayoritaria del Estado en los sectores estratégicos de la economía [17.a].
La Empresa Estatal Socialista experimenta una transformación sustancial. Díaz-Canel señalo en su discurso que el objetivo es
“reformar la gestión de la empresa estatal sobre la base de autonomía real, evaluación económico-financiera, separación de funciones estatales y empresariales […] Para eso avanzaremos en dos direcciones: más autonomía real para las empresas y una gestión más profesional de los activos del Estado, a través del Instituto Nacional de Activos Empresariales, encargado de representar al dueño de los medios de producción, evaluar resultados, exigir eficiencia y separar mejor la función empresarial de la función regulatoria de los ministerios.
Autonomía no significa ausencia de control, implica un marco de responsabilidad; significa poder decidir a tiempo, asociarse mejor, invertir mejor, pagar mejor y rendir cuentas por los resultados ante el pueblo y ante el Estado.”
Así se prevé la conversión de las empresas socialistas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones, donde el Estado definirá su participación accionaria en los sectores de la economía, garantizando en los estratégicos su presencia mayoritaria [17.a], y se permitirá que las empresas estatales compren acciones de otras empresas, así como que las formas de gestión no estatal y personas naturales puedan hacerlo en la gradualidad que se defina [17.b, 17.c].
Se descentraliza al sistema empresarial la facultad de aprobación de precios mayoristas y minoristas, en cuya formación se tendrán en cuenta los costos, gastos, tendencias del mercado, cadenas de valor y las relaciones entre los actores económicos [2]. En la intervención de Díaz Canel argumentó que: “los topes de precios, en la práctica, no lograron contener la inflación. Muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos y una carrera imposible entre precios reales y decisiones administrativas que siempre llegaban tarde”. Por ello, la reforma establece que no se seguirán topando precios de manera general [117], sustituyendo el control burocrático por mecanismos de mercado y regulación. Así, se descentraliza la facultad de aprobación de la escala salarial, de modo que los niveles de salario, negociados con los trabajadores y con la participación del Sindicato, dependerán de la capacidad económico-financiera de las empresas [9].
Se prevé un cambio en la relación del Presupuesto del Estado con el sistema empresarial, lo que incluye la revisión de la carga financiera y la eliminación de los subsidios a las empresas [10], y se establecen procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de activos con pérdidas sostenidas en el sector estatal [16]. Se introduce flexibilidad organizativa: se faculta a las OSDE para la creación de empresas y mipyme estatales; a las empresas para la creación de filiales y mipyme estatales; y a ambos niveles para la fusión, extinción, liquidación y otros movimientos organizativos, según corresponda [4]. El Primer Ministro en su discurso al pleno declaraba sobre este punto: “por el hecho de que las empresas estén integradas en organizaciones superiores de dirección empresarial no pueden perder la autonomía en su gestión y funcionamiento”.
Se autoriza la creación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipyme) y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación en la Plataforma de Actores Económicos [18], y se reduce la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales [27]. El Primer Ministro Marrero en su discurso al pleno menciono datos sobre este fenómeno: “Hasta el momento han sido aprobadas 12 751 mipymes no estatales, y se encuentran en diferentes etapas y procesos 7 254 solicitudes, de las que se han certificado y se actualizan por los solicitantes 3 505 –es decir que retornaron–, y las demás serán aprobadas en lo que resta de mes […] 25 actividades no autorizadas a ejercerse por las diferentes formas de gestión no estatal. Como parte del proceso, que ya está concluyendo, se ha identificado que pueden ser eliminadas unas 70 prohibiciones de las actuales.”
Se permite y fomenta que las empresas estatales y privadas realicen inversión financiera [12], y se implementa un Programa Nacional de Valoración y Titulación de Activos Empresariales Estatales que incluye la emisión de certificados de propiedad ejecutables que puedan constituirse en garantía colateral para créditos bancarios y la monetización de activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo [14]. Se faculta directamente a todos los actores económicos para determinar los trabajadores que cesan el vínculo laboral por motivos económicos, tecnológicos y estructurales, previa evaluación en el órgano colegiado de dirección, de común acuerdo con la organización sindical y análisis en la asamblea de afiliados y trabajadores [82], estableciéndose protecciones monetarias para los trabajadores en esta condición.
En el plano monetario, se prevén devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias con el resto de los tipos de cambio [100], complementadas con la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real operado por agentes autorizados, entre los que se incluyen casas de cambio privadas con licencia [99]. En el ámbito impositivo, el Estado introducirá de forma gradual el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en determinadas cadenas de producción-consumo, contemplando tipos reducidos para productos de la canasta básica [104], y se implementará la factura electrónica fiscal con incentivos para su rápida asimilación por parte de los contribuyentes [105]. Para aliviar la carga del sector productivo, se reduce el Impuesto sobre Utilidades empresariales, se amplía la base imponible y se establece un gravamen sobre ingresos brutos a las empresas que declaren pérdidas recurrentes [107]; mientras que el sector agropecuario se beneficia de un tipo impositivo reducido en este tributo [108]. Al mismo tiempo, se simplifica la tributación para actividades de menor complejidad mediante un régimen con ajuste automático según los ingresos brutos anuales [114], y se actualiza la escala del impuesto sobre ingresos personales para adecuarla al escenario inflacionario, elevando el mínimo exento al nivel del salario medio de 2025 [113]. Para diversificar las fuentes de financiamiento, se autoriza la emisión de bonos en mercados extranjeros en divisas distintas al dólar estadounidense [90] y se diseñan nuevos productos y servicios financieros con apoyo de la innovación tecnológica [92].
En el plano sectorial y operativo, las transformaciones abarcan desde la producción primaria hasta los servicios cotidianos y los mecanismos de supervisión estatal. En el agro, se flexibiliza totalmente la formación de precios de los productos reconociendo el mercado [60], y se refuerza el financiamiento con la creación de un Banco para el Fomento Agrícola, junto a la descentralización municipal del Fondo de Fomento Agrícola para ajustarlo a las características territoriales [62]. El comercio interior experimenta un cambio: se transita de la canasta familiar normada hacia ventas controladas sin subsidios en la red comercial [157], se habilita la figura del vendedor ambulante con un carné y régimen simplificado de impuestos [155], y se reordena el comercio mayorista priorizando mercados de abasto con acceso directo para personas naturales y jurídicas [150]. En el transporte, se autoriza a las personas naturales la importación directa de vehículos 100 % eléctricos, con exención total de aranceles si se acompaña de una estación de carga con fuente renovable de energía de cobertura total [147]. En materia digital, se declara el dato como el quinto factor de producción, reconociéndolo como un recurso económico con capacidad de generar riqueza [172], se establece un marco nacional de interoperabilidad obligatorio [164], y se crea un sistema automatizado, auditable y público para la licitación de locales y activos a todos los actores económicos [170].
Finalmente, en el ámbito procesal y de control, se introduce el silencio administrativo positivo en todos los procesos relacionados con la expedición de licencias económicas, financieras y comerciales con efecto registral directo [125], y se conforma un grupo de trabajo transversal para proponer transformaciones integrales en los mecanismos de inspección y fiscalización [176].
El Primer Ministro Marrero Cruz precisó la magnitud del esfuerzo normativo que acompañará estas transformaciones: la implementación de las transformaciones implica e impacta a más de 148 disposiciones del ordenamiento jurídico cubano, quince normas que habría que derogar, veintidós normas por modificar totalmente, 79 normas por modificar parcialmente, más de 50 normas complementarias […] será necesario elaborar 32 nuevas normas de rango superior: diez leyes, catorce decretos-leyes y ocho decretos.”
III
Hoy es nuestro deber combatir por todos los medios que nos sean posibles la propaganda imperialista que busca condenar a la Revolución Cubana presentándola como un “estado fallido” y se regodea en el supuesto fracaso del socialismo. El imperialismo anuncia su victoria sobre la Revolución, y no podemos ser parte de esa condena, sumándonos a los corifeos que anuncian la derrota de la Revolución en Cuba. Es momento de redoblar el esfuerzo para brindar solidaridad a la Revolución.
El papel de los revolucionarios no es ser vocero de la derrota, ni compañero de cortejos fúnebres. El lugar de los comunistas no es el de los intelectuales que desde su escritorio señalan los errores de las revoluciones regodeándose la pureza de su erudición . Como decía Fidel: “el papel de Job no cuadra con el de un revolucionario”. Nuestro papel es combatir junto con los revolucionarios hasta que se logren los cambios revolucionarios, la toma del poder y la construcción de una sociedad libre de explotadores. Nosotros debemos recordar las palabras del Che Guevara: “No hay otra definición del socialismo, válida para nosotros, que la abolición de la explotación del hombre por el hombre”
Hoy el imperialismo prepara sus armas contra el pueblo de Cuba. Hoy cuando los imperialistas hacen sonar los cañones en todo el mundo, cada comunista en cada país debe tomar la iniciativa en la solidaridad con Cuba. El pueblo cubano tiene derecho a determinar el destino de su país sin bloqueo económico ni energético, sin intervenciones militares imperialistas extranjeras, y a ejercer su soberanía en la construcción del socialismo.
Nosotros hemos expresado a los camaradas cubanos nuestras posiciones sobre las lecciones históricas en la construcción del socialismo; estas son conocidas y el Partido nunca las ha ocultado. Al mismo tiempo, el Partido ha sido el primero en mantener la política de confrontación contra todos los contrarrevolucionarios. Esta es la forma en la que hemos decidido conjuntamente establecer nuestras relaciones con los revolucionarios en Cuba, y en nuestras banderas siempre estará escrito el lema de Fidel: “Socialismo o muerte”